Asistimos estos días a un debate desmesurado sobre la cobertura informativa de la campaña electoral. Todas las miradas están puestas en la televisión pública catalana, que se ha convertido en protagonista y blanco de críticas.
No negaré los intentos y consignas del partido de turno alojado en Palau (un turno que ha monopolizado CDC, por cierto) de meter mano a los contenidos. Y la cadena desprende sin duda ese olor a rancio de la Catalunya heredada de Pujol.
Sin embargo, la voluntad de CDC, y de los otros, de casi todos, aunque sutil, no es necesariamente bien recibida ni acatada por los profesionales de la emisora. Y es aquí que me parece insultante que la Junta Electoral, y la mayoría de opinadores, ignoren y desprecien el criterio de los responsables y trabajadores de los informativos de la emisora, que son quienes tienen que decidir, siguiendo criterios periodísticos, éticos y de sentido común.
Hay periodistas buenos y malos, pero a diferencia del valor que se concede a otras profesiones más respetadas, la clase política y muchos ciudadanos han decidido que son todos malos y que hay que enseñarles a hacer su trabajo.
No confundamos servicio público, que es lo que define a TV3, con instrumento al servicio (dale con la palabrita) del Estado. De ser un instrumento, a lo Goebbels, traspasaría, y mucho, los límites de la democracia.